Artículo 4: Racionalidad económica de la ley antitabaco

Una de las buenas noticias para el país, es que próximamente será promulgada la iniciativa que busca modificar la antigua legislación sobre el tabaco. Siguiendo los pasos del Convenio Marco de la OMS, el gobierno de Ricardo Lagos se encargó de presentar una estricta iniciativa que permitiera disminuir la prevalencia del consumo, mitigar sus consecuencias y proteger a los fumadores pasivos.

Es así como la regulación se enfocó en tres áreas principales: i) La publicidad y etiquetado, ii) los espacios públicos iii) la protección a menores. Cada una, como factor importante para resolver las principales fallas de mercado que este producto presentaba. Veamos sucintamente cada una de ellas.

ASIMETRIA DE INFORMACION

A pesar de que la anterior legislación contenía algunas restricciones, claramente éstas no respondieron con eficacia a los objetivos. Por ello, se buscaron nuevas medidas que se ajustaran a resolver los problemas de asimetría de información.

De esta forma, una de las estipulaciones de la nueva ley anti-tabaco dice relación con una política más restrictiva en cuanto a los espacios de publicidad, prohibiéndola en la mayor parte de los sectores, excepto en los lugares de venta. Con esto, se busca compensar las campañas focalizadas de las tabacaleras y disminuir los costos sociales asociados a este hecho. Asimismo, la medida apunta a equipar o subsumir el poder de propaganda de las tabacaleras ante las campañas anti-tabaco del Estado o las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil. De hecho, se llega al punto de prohibir la publicidad transfronteriza, es decir, ningún medio de comunicación chileno con presencia en el extranjero, podrá emitir publicidad del tabaco, incluyendo a los dominios “punto cl”.

Una segunda medida se refiere al etiquetado de las cajetillas de cigarro. La iniciativa posee un artículo preciso en el que obliga a mantener advertencias en ambas caras de las cajetillas y con una superficie no menor del 50% de ellas. Ahí se busca contrarrestar las fallas de información respecto a la salud y la adicción, y de esta forma superar el efecto de miopía respecto de los riesgos. En efecto, muchas personas destinan gran parte de su presupuesto en mantener el vicio. Esto debido a que la adicción a la nicotina implica que la satisfacción inmediata sea más valorada que las consecuencias posteriores. Por ejemplo, los jóvenes adictos, ocupan sus “mesadas” o el poco dinero ganado, en comprar cigarrillos, ya que esto les reporta beneficios inmediatos. Ellos son los llamados “miopes adictos”, pues al no percibir las consecuencias a futuro, mantienen la adicción como excusa para mantenerla, sin realizar esfuerzos para salir de ella.

EL TABAQUISMO Y PROBLEMAS DE ACCION COLECTIVA

No cabe duda que uno de los problemas más frecuentes en que se ven afectados quienes no son fumadores, es la fuerte exposición al humo del cigarrillo en lugares públicos. Navas a través de un estudio hecho a varios países del continente latinoamericano, incluyendo Chile, logró comprobar que la nicotina estaba presente incluso en los lugares señalados como de “No Fumadores”, concluyendo que los países no han logrado ser eficaces en la protección de quienes no ostentan el vicio.

En efecto, en restaurantes, pubs, aeropuertos, malls, o en cualquier lugar cerrado, el bien público debiera ser el ambiente libre de contaminación. Sin embargo, aunque se está conciente de ese bien público, generalmente los fumadores buscan aplicar el beneficio de fumar, a pesar de que esta acción pueda estar generando molestias a otras personas. Esta actitud genérica de los fumadores, responde a problemas de acción colectiva. La necesidad de fumar de algunos se hace tan grande, que tratan maximizar su bienestar personal, dejando de lado los intereses comunes del colectivo a menos que existan formas de coacción. Asimismo, la acción colectiva también conlleva fuertes externalidades. Aparte de los grandes costos que genera la atención a quienes han sufrido los padecimientos del tabaco, se suman los llamados fumadores pasivos. En un estudio del 2004, Whincup pudo comprobar que un 60% de las personas expuestas al humo del cigarrillo, pueden sufrir las consecuencias de esa exposición, llevando a esos individuos y a la sociedad en general, a asumir mayores recargos producto de la acción de terceros.

De esta forma, la ley contra el tabaco busca solucionar el problema al limitar el consumo de cigarrillos en los espacios públicos cerrados y complementar las restricciones ya establecidas en la antigua legislación. Es así como se establecen disposiciones que prohíben el consumo en restoranes, bares y demás establecimientos similares, salvo si se trata de espacios abiertos o especialmente acondicionados para ello.

De igual manera, se busca mitigar los problemas de acción colectiva con la prohibición de la venta a menores. Los locatarios en Chile preferían maximizar su beneficio en la venta de cigarrillos, independiente del mal público que este hecho llegaba a causar en los sectores más jóvenes. Por consecuencia, la prohibición viene acompañada con medios coactivos, a través de fuertes multas para quien venda o compre por los menores de edad.

PARA LA DISCUSION

No cabe duda que todo diseño de políticas públicas requiere tener en cuenta una serie de elementos que intervienen en el proceso. Es por ello que cuando los tomadores de decisión buscan adoptar medidas, es necesario que se pregunten sobre qué es lo que se busca corregir y cuáles son las externalidades de las acciones que se pretenden tomar.

En efecto, por mucho tiempo la mayor parte de los países confiaban sus políticas públicas contra el tabaquismo a los aumentos de impuestos. La razón se sustentaba en que esta medida generaba una alta recaudación fiscal y una disminución en la prevalencia de fumar. No obstante, con el tiempo se comprobó que, a pesar de que sigue siendo efectiva para bajar el consumo, las recaudaciones impositivas no alcanzan a cubrir los costos de salud y las externalidades negativas a las que se ve enfrentada la sociedad.

Por esta razón, es que hoy los esfuerzos de la política pública se han centrado en disminuir el consumo y proteger a los no fumadores. Si se mira desde la racionalidad económica, estos dos objetivos colaborarían a bajar considerablemente el costo social que no es cubierto por los impuestos.

Con todo, la implementación está próxima a llevarse a cabo. Cuando ello ocurra, se habrán corregido una serie de falencias que contiene la actual regulación y con ello podremos estar más cerca del óptimo social. El tiempo dirá la eficacia de las medidas. Lo importante es que se siga trabajando en pos de la disminución de este flagelo.

Sergio Toro Maureira